CDMX registra más de 200 edificios con riesgo de colapso estructural
Desde los sismos de 2017, las autoridades han evaluado más de 6,500 inmuebles en la capital, detectando puntos críticos de vulnerabilidad.
A nueve años de los sismos de septiembre de 2017, la Ciudad de México mantiene un monitoreo constante sobre la seguridad de su infraestructura urbana. El gobierno local ha realizado más de 6,500 inspecciones técnicas en diversas alcaldías, identificando que al menos 200 inmuebles presentan un riesgo inminente de colapso. Estas evaluaciones forman parte de un esfuerzo continuo por mitigar los daños derivados de la actividad sísmica en una de las zonas con mayor densidad poblacional del país.
Las alcaldías de Iztapalapa, Cuauhtémoc y Benito Juárez concentran la mayor parte de las atenciones debido a la antigüedad de sus construcciones y las condiciones del suelo. Los reportes técnicos señalan que estos edificios presentan daños acumulados en columnas, trabes y cimentaciones que no fueron reparados adecuadamente en su momento. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ha intensificado las visitas de campo para notificar a los propietarios sobre la necesidad urgente de realizar dictámenes estructurales profundos.
El protocolo de atención prioriza aquellos inmuebles que fueron marcados con etiquetas de advertencia tras los temblores de 2017 y 2022. Aunque muchos edificios han sido rehabilitados mediante programas de reforzamiento, el rezago en otros puntos de la capital sigue representando un reto para la administración urbana. Las autoridades locales han señalado que la seguridad estructural es una corresponsabilidad entre los propietarios y el gobierno, instando a la ciudadanía a verificar los dictámenes vigentes de sus viviendas.
En cuanto a las medidas a futuro, el gobierno capitalino ha propuesto la creación de un nuevo fondo de apoyo técnico para facilitar las reparaciones estructurales en zonas de alta vulnerabilidad. Este plan busca integrar a expertos del Instituto para la Seguridad de las Construcciones y colegios de ingenieros, con el fin de establecer un calendario de intervenciones prioritarias en los edificios dictaminados con mayor peligro.
La vigilancia se mantendrá durante los próximos meses para asegurar que ningún inmueble clasificado en alto riesgo continúe habitado sin las medidas de mitigación necesarias. Se espera que la coordinación entre la administración central y las alcaldías permita reducir el padrón de construcciones peligrosas, garantizando así la integridad física de los habitantes frente a posibles sismos futuros.
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