Dictan prisión preventiva a Fernando N por contrabando de hidrocarburos
Una jueza federal impuso prisión preventiva a Fernando N, exfuncionario de la Secretaría de Marina, por su presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos.

Una jueza de control dictó hoy domingo 23 de agosto de 2026 la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra Fernando N, exservidor público adscrito a la Secretaría de Marina (SEMAR). La determinación se tomó tras la audiencia inicial donde el Ministerio Público Federal presentó elementos que vinculan al imputado con una red dedicada al contrabando de hidrocarburos en territorio nacional.
El exfuncionario, quien laboró en áreas estratégicas de la institución naval, es señalado por su presunta colaboración en operaciones ilícitas que facilitaban el trasiego ilegal de combustibles. Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) sugieren que la red operaba mediante la manipulación de documentos oficiales y la omisión deliberada de inspecciones en terminales marítimas, afectando los intereses energéticos del país.
Durante la diligencia judicial, la defensa del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica, por lo que la vinculación a proceso se resolverá en los próximos días. Mientras tanto, Fernando N permanecerá recluido en un centro penitenciario federal, bajo vigilancia especial debido a su perfil y los cargos que ocupó dentro de la administración pública federal.
Este caso forma parte de una serie de investigaciones que la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) han emprendido para desarticular grupos delictivos que infiltran las instituciones de seguridad. Las autoridades federales han reiterado su compromiso de combatir la corrupción interna y el robo de hidrocarburos, actividad que representa un daño significativo a las finanzas de PEMEX y a la seguridad energética de México.
La audiencia de continuación se llevará a cabo a finales de la presente semana, donde el Poder Judicial determinará si existen pruebas suficientes para iniciar un juicio formal. De resultar responsable, el exfuncionario podría enfrentar penas severas por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, según lo estipulado por el Código Penal Federal.
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